Denuncian tráfico de influencia para la aprobación del Código Penal

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Cuando la Cámara de Diputados se apresta conocer este martes el proyecto de ley del Código Penal de la Repùblica Dominicana, organizaciones del sector privado, sociedad civil y religiosas, agrupadas en el movimiento “Somos la Resistencia”, denunciaron hoy frente al Congreso Nacional una supuesta corrupción, presión y tráfico de influencias utilizadas por las altas instancias de la Cámara de Baja para aprobar de manera inconstitucional el Código Penal.

Los representantes Somos la Resistencia, explicaron que desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, se ha establecido una agenda que busca la aprobación de la pieza, en franca violación, según manifestaron, con los reglamentos congresuales y la Constitución de la República Dominicana.

Ponderaron que a pesar de que la iniciativa fue rechazada el pasado 16 de diciembre en dos votaciones consecutivas por la mayoría de los diputados, se continúa presionando a los legisladores, para que conozcan la pieza legislativa y cambien su voto, aprobando de manera “ilegal”.

El padre Mario de la Cruz Campusano, quien es uno de los representantes, argumentó que los legisladores quieren imponer a la sociedad dominicana un Código que tiene muchas partes nocivas, como es, según detalló, el afectar la autoridad parental en el artículo 123 de la iniciativa.

De su lado, Miguel Eduardo Almánzar, representante del movimiento, secundó al sacerdote, al decir que el informe que presentó la comisión bicameral a cargo del proyecto de ley, ya fue rechazado al no alcanzar la mayoría calificada y por consiguiente el Código Penal también.

Según entiende, la pieza no debe ser sancionada en esta legislatura sino en la próxima, que inicia el 27 de febrero.

“La corrupción está en que un Código que  fue rechazado en cumplimiento con la Ley en el ejercicio soberano de los diputados, ahora quiere forzarse y reintroducirse  sin ninguna justificación jurídica”, aseguró Almánzar.

Las organizaciones sostuvieron, además, que se ha querido comprar la voluntad soberana de los diputados, presionándolos para que voten a favor del Código Penal “autoritario, represivo e inconstitucional, que permitirá al Gobierno eliminar la libertad de los padres a educar a sus hijos, entre otros”.

Insistieron que en el proyecto de ley existe una disparidad entre crímenes y penas, sancionando con mayor peso a los hombres que a las mujeres por el mismo delito, además de que el feminicidio tiene una sanción de 30 a 40 años, pero el homicidio solo es penalizado con 10 a 20 años.

Asimismo, agregaron, el aborto recibe menos sanción que el robo de ganado, a pesar de que el derecho a la vida es protegido constitucionalmente.

Afirmaron que estas contradicciones en las sanciones son inconstitucionales, puesto que el Congreso Nacional no puede sancionar crímenes de iguales condiciones y mucho menos, sancionando el robo de un ganado por encima del asesinato de una vida humana.

Solicitaron penalizar con 30 a 40 años la comisión de homicidios, feminicidios y aborto.

Resaltaron nuevamente que la aprobación de la orientación sexual en el Código Penal, legaliza la pedofilia, zoofilia, necrofilia y diversas orientaciones sexuales, contrarias al orden público, las buenas costumbres y la legislación dominicana.

Los representantes de la sociedad civil, iglesia unida y el sector empresarial, anunciaron que defenderán la integridad de los procesos congresuales ante la Justicia Dominicana, oponiéndose de manera firme ante cualquier atentado contra la integridad familiar y la libertad de conciencia.

Invitaron a los diputados, a no violentar el orden constitucional para aprobar el Código Penal, para lo cual movilizarán el país, evitando la vulneración de los derechos ciudadanos y el orden constitucional.



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